El arzobispo de Salta y tres religiosos cometieron abusos sexuales contra monjas de un convento de clausura
En un fallo inédito, la justicia resolvió que el arzobispo de la ciudad de Salta y otros tres religiosos cometieron distintas formas de violencia contra las monjas de clausura de un convento y ordenó que reciban tratamiento terapéutico y se capaciten en cuestiones de género.
La jueza Carolina Cáceres consideró probadas las denuncias que las cerca de 20 carmelitas descalzas del Monasterio San Bernardo presentaron en 2022 contra el arzobispo Mario Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval que causaron revuelo en la conservadora y católica Salta, situada 1.400 kilómetros al norte de Buenos Aires.
“Concluyo y afirmo que (las monjas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años”, sostuvo el jueves la titular del juzgado de Violencia Familiar y de Género en su fallo que puede ser apelado.
La jueza ordenó notificar lo resuelto al papa Francisco mediante “el delegado pontificio Javier Belda Iniesta”.
Cáceres consideró verídicos los maltratos verbales cometidos durante años por el arzobispo y los otros religiosos como gritos, insultos y comentarios despectivos y humillantes, así como amenazas de intervenir el monasterio. Dentro de los físicos, aludió a zarandeos y manotazos cometidos por Cargnello.
A su vez ordenó que los acusados inicien tratamiento psicológico para modificar “patrones de comportamiento y de vinculación” y sean capacitados “en materia de género a través del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Provincia de Salta”, cuya capital es la ciudad homónima, “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.
José Viola, abogado de las religiosas, dijo la agencia de noticias The Associated Press que el fallo “es inédito y rompe un ‘status quo’, ya que se refiere a una persona con mucho poder”.
Viola destacó que se produzca en la provincia de Salta, que carece “de una fuerte tradición jurídica como Buenos Aires” y ”lidera las estadísticas” sobre violencia de género. “En la Iglesia católica ese era un tema tabú, como fueron los abusos sexuales, y ahora lo pone sobre el tapete”, aseveró el letrado.
Eduardo Romani, abogado del arzobispo, indicó en tanto que el religioso “va a acatar cualquier disposición judicial, comparta o no el criterio” y se ratifique o no en instancias superiores ante las cuales apelará. “Estábamos viendo cuál de los cursos (sobre cuestiones de género) iba a tomar”, señaló.
Según Romani, es un fallo “muy pobre de fundamento que no es condenatorio”.
La determinación de las carmelitas de acudir a la justicia generó admiración entre las agrupaciones feministas en un país que está a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina pero también movilizó a sectores católicos en defensa de los denunciados.
“Valoramos la valentía de la jueza. Impuso medidas en contra del agresor más allá de su investidura poniendo en evidencia que las mujeres son víctimas de la violencia machista intramuros o extramuros”, dijo a AP Tania Kiriaco, asesora legal de la Fundación Gema, Género y Masculinidades.
El fallo resulta significativo, dado que las agresiones en la vida religiosa se han mantenido en secreto durante mucho tiempo pero cada vez se ventilan más a raíz de movimientos de mujeres —como MeToo— que vienen denunciando desde hace años distintos actos de violencia.
Mujeres adultas —monjas, laicas o consagradas— han denunciado agresiones espirituales, psicológicas, físicas o sexuales por parte de sacerdotes, entre los que destaca el caso del reverendo esloveno Marko Rupnik, quien fue expulsado de la Compañía de Jesús.
Las monjas salteñas actuaron lideradas por la priora del convento María Fátima del Espíritu Santo. Sus denuncias llegaron al Vaticano y un Dicasterio dispuso en 2023 medidas de protección para las religiosas que todavía no se hicieron públicas por parte del arzobispo.
El episodio que las empujó a denunciar ocurrió en el convento en 2020, durante el velatorio de una monja. Según las carmelitas, Cargnello dio un responso de muy mal talante ante el féretro porque cerca estaba instalada una imagen de la Virgen del Cerro, muy popular en Salta y a la cual el arzobispo no reconoce, lo que generó tensiones con las monjas.
El momento de violencia física ocurrió cuando, por pedido de la priora, una hermana filmó el velatorio, lo que fue observado por el sacerdote Ajaya, quien acompañaba al arzobispo y el cual se le “abalanzó para quitarle la filmadora”, según la denuncia de las religiosas. Tras ello, la priora recuperó la máquina de manos de Ajaya, lo que hizo que ambos religiosos forcejearan y la golpearan en el brazo para arrebatársela. Ese material visual y los audios acompañaron la denuncia.
La jueza apuntó que en dicho velatorio “las denunciantes padecieron violencia de género del tipo física y psicológica”.
Aludió además a la ocasión en que testigos presenciaron cuando una carmelita intentó besar el anillo del arzobispo y “éste, de mala manera, sacó la mano y le da un golpe en la cara” y en otra ocasión la hizo callar “apretándole los labios”.
La jueza también cuestionó la negativa del arzobispo a elegir a una nueva priora, lo que generó problemas para administrar el convento, así como un préstamo de dinero que recibió de las religiosas “sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.
En lo que se refiere a los otros dos religiosos, Cáceres consideró que incurrieron en violencia psicológica por desechar las denuncias contra el arzobispo, violar las medidas de protección que la justicia dispuso para las monjas y difamarlas ante la opinión pública. Según las carmelitas, Elizalde llegó en 2021 a Salta como visitador apostólico por pedido de Cargnello para ver la situación del convento y minimizó el malestar que le transmitieron.
No es la primera vez que Salta es protagonista de un escándalo que salpica a religiosos. El último fue la condena en marzo de 2022 del obispo emérito Gustavo Zanchetta a más de cuatro años de cárcel por el abuso sexual de dos seminaristas.
Fuente: La Prensa
