Perú desplegará a las Fuerzas Armadas frente a la ola de criminalidad
El gobierno de Perú anunció que declarará el estado de emergencia en Lima Metropolitana y su vecina provincia de Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, en medio de una crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al país.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, hizo el anuncio el domingo a la noche en un mensaje publicado en la red social X, una medida que hasta ayer a la tarde todavía no se había materializado.
“Tras reunión sostenida en Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional”, sostuvo el primer ministro.
Aunque se desconocen hasta el momento los detalles de la medida, la declaratoria del estado de emergencia implica la suspensión de algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal.
Adrianzén indicó que también se acordó convocar para hoy a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que reúne a las principales autoridades de los poderes del Estado, y decretar una reforma del sistema penitenciario del país.
Lima y su vecina provincia del Callao, una conurbación en la que viven uno de cada tres peruanos, esperaban ayer expectantes el aumento de las medidas de seguridad. Ayer se presentaron en el Congreso dos mociones para pedir la censura del ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, por parte de dos grupos de congresistas de diversas bancadas.
Durante el domingo, partidos de diferentes tendencias políticas, incluido el fujimorista Fuerza Popular, el ultraconservador Renovación Popular y el derechista Avanza País, exigieron la renuncia o destitución de Santiváñez.
Esta posición de agrupaciones conservadoras, de derecha y centristas, implica un cambio radical en el apoyo que daban hasta el momento a Santiváñez, quien a pesar de las críticas que le hace un gran sector de la ciudadanía y los partidos opositores ha sido defendido férreamente por la presidenta Dina Boluarte.
Los pronunciamientos se incrementaron conforme avanza una ola de indignación en el país, luego de que el cantante Paul Flores, uno de los vocalistas del popular grupo de cumbia Armonía 10, muriese este domingo después de que el autobús de la agrupación fuera atacado con armas de fuego por desconocidos en una autopista de Lima.
La Defensoría del Pueblo de Perú afirmó que los relevos de ministros no garantizarán una lucha efectiva contra la inseguridad ciudadada, y en cambio exigió la destitución de “los malos elementos” en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Penitenciario, que han permitido que se infiltre la criminalidad. Al mismo tiempo tachó de “populista” la propuesta del Ejecutivo de abrir el debate para restablecer la pena de muerte.
En un pronunciamiento, el defensor expresó su preocupación institucional “por el problema público de inseguridad ciudadana y el incremento de casos de extorsión y sicariato que viene afectando al país”.
Tras el ataque que causó la muerte del cantante Flores, medios locales señalaron que Armonía 10 al parecer es víctima de delincuentes dedicados a la extorsión que le exigen “cuantiosas sumas de dinero a cambio de su seguridad”.
Fuente: La Prensa
