El juez Casanello inhibió todos los bienes del piquetero Belliboni
El juez federal Sebastián Casanello dictó la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.
La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico-financiero.
Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 25 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión.
Precisamente, el llamado a indagatoria se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos dibujados.
En el expediente se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El juez citó a indagatoria a 23 acusados que se realizarán en seis audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25, cuando sea el turno de Belliboni. El martes, el piquetero se presentó en la causa con la representación de la abogada Liliana Alaniz.
Según indicaron fuentes judiciales, el juez dispuso la inhibición de bienes de Belliboni y la otra veintena de convocados a indagatoria. Se trata de una medida similar a la que ya había dispuesto el 15 de mayo sobre las personas a las que había apuntado el fiscal Gerardo Pollicita.
LOS IMPLICADOS
La inhibición alcanzó en una primera tanda a Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza. Y luego ahora, tras las indagatorias, se agregaron: Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Iván Ortiz, Roberto Adrián Albornoz y el propio Belliboni.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles por la entrega de alimentos -pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional-, obligarlos a vender por la zona la comida recibida -quedándose los acusados con la ganancia- y/o forzarlos a participar de “movilizaciones”, sostuvo el fiscal.
Fuente: La Prensa
