El gobierno de Macron dio un paso más hacia la legalización de la muerte asistida
El Gobierno francés decidió dar un paso más en la legalización de la muerte asistida, mediante un procedimiento condicionado a un dictamen médico y dirigido únicamente a enfermos terminales, iniciativa que se desmarca de la eutanasia, autorizada en otros países.
“No es un suicidio porque, aunque es la persona la que lo solicita, necesita un ´veredicto´ médico”, subrayó la ministra de Trabajo y Salud, Catherine Vautrin, al presentar el proyecto de ley sobre “el fin de la vida”, que podría ser debatido en el pleno del Parlamento a finales de mayo próximo.
El objetivo es “brindar una asistencia permanente al dolor de personas con un diagnóstico terminal”, señaló la funcionaria antes de agregar: “Por eso, uno de sus pilares es reforzar los servicios de cuidados paliativos, que tendrán una dotación adicional de 1.100 millones de euros que se añadirán de forma progresiva durante 10 años, lo que supondrá un incremento del 64 por ciento, muy superior al alza del número beneficiarios, que se calcula que pasarán de los actuales 380.000 anuales a 450.000 en 2034.
Para poder acogerse a la “ayuda a morir”, habrá que cumplir 5 condiciones, la primera de las cuales exige ser mayor de edad y residente en el país o de nacionalidad gala. También deberá certificarse que el paciente padece una afección grave, mortal a medio plazo (en 6 a 12 meses) y sufrir dolores “insoportables y refractarios al tratamiento”.
Por último, el interesado está obligado a solicitar la evaluación de un doctor quien, a su vez, deberá consultar con otro facultativo especialista y con un enfermero antes de emitir un dictamen sobre si puede recetar la sustancia que provocará el deceso.
“Si ese dictamen médico es negativo, no se podrá pedir la ayuda”, advirtió la ministra.
EXCLUIDOS
De este procedimiento quedan explícitamente excluidos quienes padecen patologías psiquiátricas y una regla básica es que el médico deberá comprobar en cada momento que el peticionante tiene “capacidad de discernimiento”.
La propuesta prevé que el solicitante se administre la sustancia letal, aunque igualmente contempla, cuando no puede hacerlo físicamente, que se la inyecte “un doctor, un enfermero o una persona voluntaria”.
EL ABORTO “CONSTITUCIONAL”
Cabe recordar que a principios de marzo, el Congreso galo blindó con rango constitucional el aborto -legalizado en 1975-, garantizándose en la Carta Magna la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo.
Fuente: La Prensa
