Horas decisivas en el juicio por YPF: definen si se extiende el plazo para evitar embargos
La jueza de Nueva York Loretta Preska debe definir por estas horas si extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización de US$16.100 millones por la expropiación de YPF.
La magistrada pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados. Pero al cierre de estad edición no se habían producido novedades en el juzgado neoyorkino.
Es que la Argentina perdió en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que se concretó en 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía. La demanda fue impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.
Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta ayer, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia.
“A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes”, sostuvo el abogado Randy Mastro, que representa a Burford y Eton Park.
La respuesta argentina fue inmediata: el abogado defensor, Robert Giuffra, aseguró que “los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente”.
Al dictar su sentencia, Preska determinó que la Argentina violó el estatuto de YPF al estatizarla parcialmente (el Estado controla el 51% de la petrolera) con lo cual perjudicó a los accionistas minoritarios.
FUENTE : LA PRENSA
