Los familiares de Lucio Dupuy dijeron que la progenitora y asesina del menor los amenazaba y les inventó denuncias de maltrato

Las declaraciones del padre, los tíos y el abuelo del menor se realizaron en el marco del jury contra la jueza que le restituyó la tenencia del niño de 5 años a su madre y su pareja, quienes luego lo torturaron y lo mataron. El fiscal general de La Pampa pidió la destitución de la jueza y la asesora del tribunal de General Pico.

Familiares de Lucio Dupuy, aseguraron que la progenitora y asesina del menor -Magdalena Espósito Valenti- los amenazaba y hasta llegó a inventar denuncias de maltrato para quitarle la tenencia del niño a sus tíos, en el inicio del Jury de enjuiciamiento contra la jueza de familia de General Pico Ana Clara Pérez Ballester por haber concedido ese trámite y a la asesora Elisa Alejandra Catán..

Ante el jurado declararon el padre, la tía, el tío y el abuelo de la víctima, así como otras personas que dieron cuenta cómo actuó la jueza que le terminó otorgando la custodia total del menor a la homicida, quien torturó y mató al niño con complicidad de la mujer con la que formó pareja en Santa Rosa. por la cual ya fueron condenadas a perpetua.

También está sometida a Jury

Si las dos son encontradas culpables de “mal desempeño de sus funciones” serán removidas de su cargo, según prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento.

Leticia Hidalgo, tía de Lucio, dijo que su madre empezó a amenazar a la familia con hacerles denuncias y en ese contexto la policía les “sacó al nene”.

“No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda… Lo entregamos por cansancio” y luego cuando iban a visitarlo a la casa de la madre de Magdalena, ella no dejaba que pasaran a verlo.

Cuando declaró Christian Sebastián Dupuy, papá de Lucio, reconoció que a su hijo lo dejó bajo el cuidado de su hermano y su cuñada.

“Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé lo que iría a pasar. Contraté a una abogada para establecer un régimen de visitas (con Lucio) en 2021 y luego hice cuna denuncia por impedimento”, sostuvo el hombre.

“Valenti y su pareja Abigail Páez me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas”, resaltó el hombre.

También declaró Lucio Dupuy, abuelo paterno del niño: “A Lucio no se lo devolvieron a la madre. Ella fue y se lo trajo a Santa Rosa cuando existía un régimen de visitas y no podía traérselo a Santa Rosa”, explicó.

“Ella denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía mi hijo Maximiliano. Por eso la policía fue hasta la casa de Maxi y le hizo un montón de preguntas a Lucio”, expresó.

Sobre la jueza Pérez Ballester dijo que fue puesta en conocimiento de los “chats con agresiones” de parte de la madre del pequeño, “fotos donde ella hacía cosas” delante del niño y “plantas de marihuana con macetas”.

“¿Le consta que esas pruebas fueron entregadas al juzgado?”, le preguntaron del Tribunal: “No sé”, respondió el abuelo de Lucio.

Por último, declaró el tío paterno de Lucio, Maximiliano Exequiel, recordó que cuidaron del niño desde fines de 2018 y que luego habían iniciado los trámites de tutela. “En ese momento, fue que Magdalena empezó a reclamarlo”, detalló.

“Después de eso aparecieron las denuncias de Magdalena. Yo sabía que si al nene le pasaba algo, la responsabilidad era mía porque teníamos la tutela. La policía me sacó a Lucio por una denuncia de la madre. Cuando llegué, el nene ya no estaba y la policía no sabía adónde se lo habían llevado. Yo hice una contra denuncia para defenderme. Ahí dije que temía qué podían hacer con Lucio cuando lo tuvieran ellas (Valenti y su pareja). Lo dije porque ella venía de una vida de consumismo de drogas y de no estar con Lucio”, concluyó.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021, cuando tenía 5 años, en la casa que compartía con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez, quienes fueron condenadas a prisión perpetua por el hecho.

La condena fue ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal y sólo resta por delante el Tribunal Superior pampeano y la Corte Suprema federal para que la sentencia quede firme.

EL ALEGATO DEL FISCAL GENERAL

El fiscal general expuso en sus alegatos de apertura los motivos por los cuales tanto la jueza como la asesora deben ser apartadas de sus funciones: no escuchar la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia (familia), al presumir “que no estaba condiciones de declarar”; no citar ni recabar la opinión del padre y de la madre; no darle intervención a la autoridad de aplicación administrativa -Dirección General de Niñez- ante “la posible vulneración de derechos” y que la asesora consintiera el archivo de la causa.

Puntualmente, el acusador se refirió a dos momentos en la vida del niño, el primero cuando el 2 de julio de 2019 su madre acordó dejarlo bajo la tutela de su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, debido a que no estaba en condiciones económicas de mantenerlo; y el segundo, cuando el 4 de noviembre de 2020, la jueza Pérez Ballester homologó un nuevo acuerdo entre la tía y Espósito Valenti para dejar sin efecto la tutela y que el cuidado personal de Lucio pasara otra vez a manos de la madre.

“No se escuchó al niño pese a que (en ese momento) era aún más importante, ya que Lucio tenía cuatro años, y se avizoraba una conflictividad familiar, aunque no hubiera indicadores de violencia”, volvió a cuestionar Sancho.

Sobre ese último expediente, el procurador subrogante acusó además a las funcionarias de no darle intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social), lo cual, consideró, “debió hacerse porque ya había cinco presentaciones entre actas, denuncias y exposiciones, lo que era indicativo del conflicto entre ambas familias”.

“Sin embargo, con un dictamen positivo de la asesora, se homologó el acuerdo para que el niño vuelva a vivir con la madre y se dejó sin efecto la tutela. Se actuó como si fuera una planilla automática”, sentenció.

Tras el alegato acusador ante el tribunal de enjuiciamiento compuesto por su presidente, Fabricio Luis Losi; las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, las defensas de ambas funcionarias tomaron la palabra.

Pablo Rodríguez Salto, abogado de la jueza, afirmó que “en este juicio no se tratan los hechos que llevaron a la muerte de Lucio, sino que en este proceso se debaten conductas anteriores” al homicidio.

“La homologación del convenio de cuidado personal (por parte de Pérez Ballester) se produjo un año antes de su muerte y en ese momento no había indicadores de violencia”, expresó.

Además, dijo que “la jueza no entregó al niño a la madre, sino que eso ocurrió por fuera de la intervención del juzgado”, ya que el traspaso se produjo el 31 de julio de 2020 y Pérez Ballester recibió el expediente de cuidado personal el 3 de septiembre, por lo cual consideró “falso” que si no hubiera homologado el acuerdo el niño hubiese vuelto automáticamente con su padre o con la familia paterna.

Incluso destacó que ese acuerdo contó con “la autorización tácita y expresa del padre”, quien en marzo de 2021 le pidió a la madre un régimen comunicacional, “o sea que aceptó expresamente” que Lucio continuara viviendo con ella.

Por su parte, Ana Díaz, defensora oficial de Catán, planteó la inconstitucionalidad del propio jurado por entender que, por su conformación, se afectan las garantías del debido proceso ya que los mismos jueces “intervienen en la etapa de investigación y luego en el juzgamiento” de las imputadas.

Con relación a la acusación de no haber escuchado a Lucio, la defensa dijo que “no estuvo fundada” porque la Procuración citó una ley equivocada y otra que fue derogada.

Díaz aseveró que no fue necesario darle intervención a un equipo técnico porque “no había indicadores de violencia” y que “tampoco hubo vulneración de derechos (del niño) porque hubo una tía que se había encargado de él, una mama que pedía a su hijo y un papá que daba su conformidad. O sea, no existió un conflicto de intereses a pesar que la Procuración buscó generarlo”.

La organización Change.org ya reunió más de 111.000 firmas que avalan el pedido de destitución de la jueza Pérez Ballester (www.change.org/DestituyanALaJueza).

“Tras el fallo dividido del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa, el cual no encuentra responsabilidad en la jueza Ana Clara Pérez Ballester, responsable de dar la tenencia nuevamente a una asesina que ya había manifestado no querer tener a su hijo con ella, en el caso Lucio Abel Dupuy pedimos tu firma para su destitución y que sea llevada a juicio”, indica el texto de la petición.

Fuente: La Prensa