Familiares de víctimas de Fujimori solicitaron a Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar en desacato a Perú
Familiares de víctimas del gobierno de Alberto Fujimori solicitaron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declare en desacato a Perú por liberar al expresidente, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.
“Solicitamos a la Corte Interamericana que emita una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado (peruano) ha desacatado una orden (suya) y que en base a eso emita un informe a la Asamblea General de la OEA”, dijo en rueda de prensa Gloria Cano, abogada de los deudos.
Según la agencia de noticias AFP, la defensora consideró que el indulto otorgado a Fujimori esta semana es ilegal y la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe evaluar “el incumplimiento peruano” y obligar al gobierno a acatar los fallos de la Corte.
En la conferencia de prensa participaron familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca, donde un escuadrón de la muerte del ejército ejecutó a 31 civiles en el marco de la guerra contra la guerrilla Sendero Luminoso.
“Nos sentimos desprotegidos, los familiares no tenemos un sistema de justicia que garantice nuestros derechos, no tenemos un gobierno y Congreso capaces de levantar sus voces por las víctimas”, dijo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en la matanza de La Cantuta en 1992.
Fujimori fue excarcelado el miércoles, un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su liberación “inmediata”.
La Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal “cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones” de su propia jurisprudencia.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó hoy la decisión de Perú de concederle la libertad al expresidente.
“La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad”, detalló la CIDH en un comunicado.
“La medida o figura jurídica que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante”, agregó.
Fujimori, de 85 años, cumplía desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la Justicia revocó el beneficio.
En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.
Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.
En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario.
Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.
En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus, pero en abril, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, la Corte IDH ordenó al Estado peruano que no liberara al exmandatario.
Fuente: La Prensa
