Allanaron la casa del amigo de Centeno que habría tenido los cuadernos bajo su custodia
La orden la emitió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa iniciada por una presentación del empresario Armando Loson y fue ejecutada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un edificio ubicado en la calle Moldes, en el barrio porteño de Belgrano.
El principal objetivo de la medida fue obtener “todo tipo de anotaciones, manuscritos en original o copia” así como también secuestrar “dispositivos electrónicos” como teléfonos, celulares, notebook, tablets, computadoras y cualquier otro que permita almacenar datos, informaron las fuentes consultadas.
Fuentes de la investigación confirmaron que durante el operativo pudieron secuestrarse manuscritos y agendas (lo que se conoce como material indubitable), una tablet y dos celulares y que el allanamiento fue presenciado por el propio Bacigalupo quien “no opuso resistencia de ningún tipo”.
El allanamiento fue ordenado luego de que el juez recibiera los primeros resultados de una pericia ordenada para intentar determinar a quién pertenecía la letra de las sobreescrituras detectadas en los cuadernos de Centeno por un peritaje oficial y denunciada antes por el empresario Loson tras la realización de un peritaje privado de las fotocopias de los cuadernos.
Esa medida permitió descartar la intervención de la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, sobre los manuscritos; pero no la de Bacigalupo.
“No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación”, sostuvo el Martínez de Giorgi al ordenar el allanamiento.
El estudio pericial para intentar determinar de quien son las letras supuestamente adicionales que aparecen en los cuadernos de Centeno lo realizó el personal de la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, informaron fuentes judiciales quienes “no pudieron afirmar con certeza, ni descartar su intervención”, resumieron fuentes judiciales.
“Si bien se han advertido entre los grafismos indubitables del sr. Jorge José Bacigalupo y las escrituras individualizadas como labores de agregados y enmiendas ciertas similitudes de relevancia pericial, al no cumplir cabalmente los patrones genuinos con los requisitos intrínsecamente indispensables para la correcta y eficiente valoración, sumado a las limitaciones expuestas para el material dubitado aportado en soporte digital, las mismas resultan insuficientes en calidad y en cantidad para determinar categóricamente si corresponden o no al puño escritor del nombrado”, sostuvieron los especialistas que intervinieron en el estudio, según pudo reconstruir esta agencia.
Bacigalupo es un policía retirado que tuvo bajo su custodia los cuadernos cuya redacción se atribuyó el exchofer del ministerio de Planificación, Centeno, y fue quien se los entregó a un periodista del diario La Nación que luego los llevaría al fiscal federal Carlos Stornelli.
En Bacigalupo comenzó el circuito conocido de los cuadernos que luego se transformó en una causa judicial, a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El peritaje oficial que confirmó que en los cuadernos de Centeno había letras de distintas personas -tal como había denunciado el empresario Loson- fue también realizado por la División de Scopometría de la Policía Federal.
Fue allí que se pudo corroborar que las sobreescrituras y enmiendas “discrepan ampliamente las características de la forma y formación respecto de las restantes producciones manuscritas, procediendo ambos grupos de diferentes manos autoras”, según informaron en octubre pasado fuentes con acceso a la investigación consultadas por esta agencia.
Loson, procesado en la causa de los cuadernos, había formulado la denuncia luego de establecer que en los cuadernos de Centeno había tachaduras, enmiendas, sobreescrituras y otras irregularidades que tendían a involucrarlo en situaciones de las que no había participado.
“Advertí que en las mal llamadas ´fotocopias de los cuadernos´ (en realidad son copias digitalizadas), se habían utilizado como base ‘hechos verdaderos’ (algunas pocas entregas de dinero para campañas políticas, 3 o 4 entregas como máximo), pero luego se tergiversaron e inventaron otros”, había señalado el empresario en su denuncia.
Y detalló: “Se inventaron sucesos, fechas, cifras en moneda extranjera absolutamente falsas, se modificaron circunstancias de hecho, nombres, etc.; y entiendo, humildemente, que todo ello excede claramente la actuación unipersonal de una persona”.
Loson, que fue 42 años presidente de la firma Albanesi, declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos y siempre dijo que las entregas de dinero que realizó fueron de su patrimonio – y no del de la empresa que encabezaba- y para campañas electorales.
Con el avance de esta causa, Loson había reclamado la nulidad de la acusación en su contra en la causa de los cuadernos pero esa moción le fue rechazada por el juez Julián Ercolini y luego por la Cámara Federal porteña, tras lo cual su caso pasó a juicio oral.
