El Gobierno le pidió a la jueza Preska que suspenda el fallo
La Casa Rosada acusó a la magistrada de excederse en su jurisdicción y anticipó que presentará una apelación formal. También advirtió que la entrega de las acciones implicaría un daño irreparable y que no negociará con los fondos.
El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.
Se trata del reclamo por más de US$16.000 millones impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012. La Casa Rosada insiste en que la jueza se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos y asegurá que apelará el fallo de primera instancia sobre la ejecución del juicio en la semana próxima.
En la Casa Rosada también aseguran que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal. Horas antes, Burford Capital había hecho trascender que están dispuestos a aceptar bonos y estirar los plazos de pagos en la búsqueda de una modalidad de pago alternativa al cobro en efectivo o la transferencia de las acciones de la petrolera en manos del Estado, ya que saben que esas opciones son prácticamente “imposibles”.
DAÑO IRREPARABLE
En el escrito que la Casa Rosada presentó a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que la entrega de las acciones “implicarían un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advierten los letrados al señalar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo -como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales-, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.
En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también dicte una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.
“Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.
El Ejecutivo no ofreció garantías financieras -como un bono o activos en garantía- para frenar la ejecución. En la Casa Rosada aseguran que no piensan ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago, y que las acciones no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso. En ese marco, el planteo del Gobierno busca ganar tiempo y evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos en el exterior.
TRES OPCIONES
El economista Mauro Mazza, por su parte, cree que la Argentina perderá la apelación antes de marzo de 2026. “Eso irá a la Corte Suprema de Estados Unidos (y la Corte ya se expidió sobre esto… no le interesa, y se expidió con el OK previo del DOJ)”.
“Nos quedarán tres opciones: a) pagar con deuda (Bonar deberán ser); b) Entregar las acciones de YPF ; c) Vender activos -como las acciones del FGS que el kirchnerismo confiscó a las AFJP- y pagar en cash”, escribió en X.
¿Qué es lo más probable?, continúa Mazza. “Por lo que me dijeron el Gobierno no tiene intención alguna de vender las acciones del FGS, tampoco entregarán las acciones a los ingleses. ¿Qué queda? Emitir Bonar llegado el momento”.
Fuente: La Prensa
