Cristina Kirchner no puede reunir al Senado por el pliego de Figueroa
Siguen fracasando hasta el momento los intentos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para realizar una sesión de la Cámara de Senadores en las que sean aprobados los acuerdos para más de 70 jueces, entre los que se encuentra el de la camarista de Casación Penal, Ana María Figueroa, que entiende en la causa Los Sauces Hotesur. En ese proceso fueron imputados la vice y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero, pero se cerró. La fiscalía ha pedido a Casación que sea reabierta y enviada a juicio oral por lo que Figueroa, que ha sido identificada políticamente con el kirchnerismo, debe intervenir en la decisión junto con los otros dos miembros del tribunal.
El miércoles próximo la jueza cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse, por lo que el presidente Alberto Fernández remitió su pliego al Senado para se le concedan otros cinco años en el ejercicio del cargo. Sin embargo, el oficialismo no logra reunir al cuerpo para aprobar la extensión por falta de quórum.
El 12 de julio falló al intentarlo por la ausencia de dos peronistas disidentes, Guillermo Snopek y Edgardo Kueider. Después de una larga saga de diatribas en minoría contra Juntos por el Cambio, el Frente de Todos se retiró del recinto con el propósito de convencer a los díscolos, algo que todavía no parece haber conseguido. Pese a que hoy se reunirá la Comisión de Minería y Combustible por el proyecto de Kueider. Y a eso se sumó esta semana que el habitual aliado de la vicepresidenta, el rionegrino Alberto Weretilneck, tampoco viajó a Buenos Aires. Por lo que el oficialismo quedó aún más lejos del quórum.
Por otra parte, fuentes opositoras denunciaron que la aprobación masiva de pliegos judiciales forma parte de una maniobra para controlar la Asociación de Magistrados, ya que la mayoría de los propuestos ingresarían a la Lista Celeste que nuclea al kirchnerismo dentro de la entidad. La etapa final de esa estrategia consistiría en lograr la mayoría necesaria para controlar el Consejo de la Magistratura a partir de su próxima renovación.
