Con cruces entre oficialistas y opositores, el Senado debate en comisión el ascenso de jueces propuestos por el Ejecutivo

El Senado comenzó a debatir hoy en comisión los nombramientos de jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, en una audiencia pública en la que expusieron los postulantes y que fue escenario de fuertes recriminaciones entre senadores del oficialismo y de la oposición por la situación de la Justicia en la Argentina.

El intercambio de opiniones y acusaciones más fuerte ocurrió entre el jefe de los senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, y la senadora de Juntos por el Cambio (JxC) por Santa Fe, Carolina Losada, en momentos en que exponía en la comisión de Acuerdos uno de los postulantes para ocupar un cargo de juez en esa provincia.

Losada, quien se postula como candidata a gobernadora por Santa Fe, acusó a Mayans de “mentir” cuando aseguró que el oficialismo no obstaculiza las mejoras en la situación del Poder Judicial y el jefe del FdT le recriminó la búsqueda de protagonismo de cara a la campaña electoral.

La presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, que fue ratificada hoy como autoridad junto a la opositora Guadalupe Tagliaferri como vicepresidenta, terció en la disputa para ordenar el debate y pidió mantener el respeto durante las exposiciones.

Más adelante, el senador Oscar Parrilli acusó a los legisladores de JxC de parecer “extraterrestres” al asegurar que fue “el macrismo” el que “frizó” la implementación del sistema acusatorio en diferentes distritos y las consecuentes mejoras en el servicio de Justicia.

Losada aseguró que Parrilli “parece que viviera en Narnia”, consideró que “sigue basándose en la era Macri” para responsabilizar por las demoras en la puesta en marcha del nuevo sistema judicial y pidió al oficialismo que “busque otra excusa” para “no quedar en ridículo”.

Un total de 24 candidatos a ocupar cargos en diferentes tribunales del país fueron anotados hoy para exponer ante los senadores que deben aprobar sus pliegos propuestos por el Gobierno, antes del aval definitivo que necesitará el pleno del Senado.

Las audiencias continuarán mañana con otros 23 postulantes para vacantes de tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los postulantes propuestos para mañana, Hernán Papa, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de CABA, recibió impugnaciones por denuncias de maltrato por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Otra de las candidatas cuyo pliego podría generar mañana rispideces es el de Ana María Figueroa, como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, y a quien la oposición objeta por demoras en el pronunciamiento en diferentes causas.

En el primer día de audiencias expusieron la candidata a jueza del tribunal oral en lo criminal federal de Santiago del Estero, Ana Farías; la aspirante a defensora pública ante el juzgado federal 2 de esa provincia, Silvina Castaño, y las postulantes a defensoras ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Rosana Marini y Patricia Kenny.

También expusieron Román Lanzon, para ocupar el cargo de juez del tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario; Matías Scilabra, para la fiscalía federal 2 de esa ciudad; Ramiro Villamayor, para la Defensoría ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario y Pablo Vacani, como defensor en Santa Fe.

Como aspirantes para los tribunales federales de Jujuy fueron propuestos Lucía Orsetti para la fiscalía 1; Marcela Lamas, como defensora ante el juzgado federal de Libertador General San Martín (Jujuy); María Victoria Nager, como defensora en San Salvador; Diego Matteucci, como juez de cámara; Gonzalo Stordeur, defensor de la Víctima; Carina Gregoraschuk. como jueza federal 2 y Sebastián Jure como fiscal.

Matteucci debió responder impugnaciones por denuncias de acoso laboral y sexual, algo que le expuso la senadora por Jujuy de la UCR, Silvia Giacoppo, y el postulante negó las denuncias y afirmó que “no fue notificado de ninguna denuncia judicial”.

Fuente: La Prensa